¡Freno a los Desahucios!
La cadena SER ha publicado esta información importantísima. El original lo podéis leer aquí.
Europa abrirá la puerta a los jueces españoles para frenar los desahucios en marcha
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) considera abusivae
ilegal la ley española sobre desahucios. Una sentencia histórica sobre
la legislacion hipotecaria española del tribunal de Luxemburgo que
permitirá a los jueces frenar los desahucios vivos en los juzgados.
Según el tribunal, las medidas que regulan en España los procesos de
desahucio por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas
europeas de protección de los consumidores.
Varapalo de Europa a ley española hipotecaria. La sentencia en
lalínea del dictamen que ya dictó el pasado noviembre, dice que la norma
vulnera la legislación europea a la hora de proteger a los deudores
hipotecarios clausulas abusivas en los contratos con los bancos.
La
sentencia europea declara tacha a la ley hipotecaria española de norma
que no se ajusta a la normativa comunitaria, abriendo así la puerta a
los jueces españoles para frenar los desahucios en marcha.
El magistrado José María Fernández Seijó, titular del Juzgado Mercantil Número 3 de Barcelona, fue quien presentó la petición
de decisión prejudicial a Europa basada en el caso de un marroquí
desahuciado en 2011. Ahora el fallo dará respuesta a las preguntas que
planteó entonces, si "era justo que se produjera la ejecución sin oír al deudor, si era correcto que se aplicaran unos intereses moratorios elevados y si era correcto que hubiera un vencimiento anticipado y se reclamara toda la deuda".
Este magistrado es en parte responsable de que la normativa española
sobre ejecución hipotecaria pueda por fin modularse y contemplar las
posibles cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios con los
consumidores.
¿Qué cambia la sentencia? ¿Cómo afecta a los casos que están en los juzgados?
Desde hoy, los jueces tendrán un instrumento alternativo que permitiría suspender los procedimientos hipotecarios en tramitación que afecten a consumidores. El fallo no es un mandato al Gobierno español para que cambie la ley pero supondrá una pauta de interpretación
para todos los jueces. "Es como una sentencia del Constitucional.
Aunque en otras ocasiones este tipo de sentencias han supuesto
modificaciones legales a corto plazo", asegura Seijó. Un escenario más
que previsible. Este mes el PP ha retrasado en dos ocasiones la
tramitación de la Ley Antidesahucios a la espera de incorporar parte del contenido del fallo.
El dictamen, por tanto, obliga al Gobierno a decidir si cambia la ley
ya que si es duro con España generaría una inseguridad jurídica
insostenible a largo plazo. Teniendo en cuenta además los factores de
presión social , el drama de los suicidios y una iniciativa legislativa popular
para frenar los desahucios que ha entrado en el Congreso con más de 1,4
millones de firmas y un fuerte apoyo ciudadano, el Ejecutivo no tendrá
mucha capacidad para mantener que una ley que favorezca únicamente a la
entidad bancaria.
Un paso adelante
Jueces consultados por la Cadena SER aseguran que los juzgados necesitan abrir vías para
poder intervenir ante las demandas de las entidades bancarias. Al menos
para saber, por ejemplo, si la ejecución hipotecaria afecta a una plaza
de garaje o a una vivienda familiar y poder escuchar en los tribunales
al posible desahuciado para evaluar si ha sido víctima de abusos.
Este magistrado no conoce al ciudadano que tuvo que desahuciar. Se llama Mohamed Aziz, es marroquí y le faltaban por pagar unos 40.000 euros
cuando CatalunyaCaixa interpuso la demanda de ejecución hipotecaria.
Aziz pidió el amparo legal de las autoridades europeas por contrato
abusivo. Con la decisión es probable que, al menos, el juez pueda
escuchar a Aziz en el juzgado y el banco reconsiderar el contrato.
El informe de la abogada general del Tribunal Europeo
- dictamen del pasado noviembre de 2012 - ya dictaminó que la
legislación española no protege al ciudadano ante la inclusión de
cláusulas abusivas en las hipotecas, al contrario de la normativa
europea, que exige que el consumidor disponga de un recurso legal
eficaz.
