Ante la modificación de la ordenanza reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo Stop Desahucios y 15-m Albacete pesenta las alegaciones adjuntas sobre las siguientes modificaciones:
-Modificación del artículo 7.5 en el que se añade a lo ya establecido que:
"Se considera expresamente que se perturba la tranquilidad de los vecinos de un inmueble cuando se produce una sobreocupación en las viviendas o locales del mismo atendiendo a sus características de habitabilidad y a los estándares admitidos en las relaciones de vecindad o cuando se utilizan para una finalidad o actividad distinta a la autorizada o, en su caso, declarada"
-Modificación del artículo 10.1 en el que se añade:
"La vulneración de las normas establecidas con carácter general en el artículo 7, constituye una infracción que tendrá la calificación de grave y será sancionada con multa de 121 a 1500€"
-Regulación en el capítulo XIV de la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demande de servicios sexuales.
Acerca de la sobreocupación de vivienda.
No hace tanto tiempo que vivimos en España el llamado éxodo rural y en las retinas de muchas generaciones españolas están grabadas aún las imágenes de familias extensas enteras viviendo en casas humildes y pequeñas en las que en muchas ocasiones aún había espacio para algún familiar lejano o el amigo recién llegado a la ciudad. Aunque de eso hagan ya 60 años y la realidad sociológica sea cambiante, la problemática sigue siendo la misma aunque con diferentes actores. La emigración española del ámbito rural al urbano y la emigración extranjera de la actualidad tienen un nexo común que es la búsqueda de la prosperidad. El colectivo inmigrante es un sector especialmente vulnerable a vivir en situaciones de precariedad en el hogar. A las trabas en el acceso al mercado laboral se suman los impedimentos a la hora de alquilar una vivienda o los que presionados por su situación irregular tienen que optar a las llamadas camas calientes,infraviviendas, pensiones ilegales, pisos patera, etc.
Por ota parte los datos nos hablan de 300.000 desahucios desde 2007 (lo que en Albacete según los datos de Consejo General del Poder Judicial se traduce en 2000 familias) y de unas proyecciones alarmantes de 500.000 en los próximos años. La problemática se extiende a otros colectivos de la sociedad, a las siempre castigadas clases bajas y medias que por culpa del desempleo y la precariedad laboral han perdido sus hogares y se han visto obligados a la reagrupación familiar teniendo que volver en la mayoría de los casos al hogar familiar donde se repiten estampas que parecían olvidadas en las que conviven hasta tres generaciones.
Las modificaciones que se han introducido en la ordenanza municipal en lo referente a las Normas Generales de Convivencia y Civismo y al Requerimiento de ejecución y ejecución subsidiaria son a nuestro entender:
-Imprecisas, pues no contempla ningún tipo de baremo por el cual se sepa que se está incurriendo en una falta de sobreocupción de vivienda. Creemos que es un peligro que no se atienda en ningún momento a criterios objetivos: No establece el número de personas que considera sobreocupación ni hace referencia a ningún parámetro. Exiten antecedentes, que conozcamos, de 2007 en Catalunya donde utilizan los criterios de la OMS en cuanto al número de ocupantes y metros cuadrados. Nos interesa saber de quien dependerán estas sanciones pues no creemos que un policía local tenga competencia para valorar algo tan serio, más sin unas directrices.
-Xenófobas, Es una realidad conocida por todos y todas que las situaciones de sobreocupación de vivienda afectan de forma directa a las personas migrantes, que como hemos visto en lo anteriormente expuesto cuentan con menos recursos. Todo esto también pueden dar lugar a que se presentes denuncias simplemente por motivos racistas.
-Clasistas, esta modificación de la ordenanza municipal está penalizando la falta de recursos. La fragilidad a la que se ven avocadas muchas familias y personas jóvenes (con trabajos precarios) les fuerza a tener que compartir casa, reagruparse familiarmente por motivo de la crisis,etc. Unas circunstancias que obviamente no afectan a sectores privilegiados de la sociedad por lo que se produce una clara discriminación por motivos económicos que nunca deben suponer un agravio comparativo para los y las ciudadanas.
Además de todo lo expuesto, creemos que un ayuntamiento que no tiene los recursos necesarios para ofrecer viviendas sociales no puede castigar a quienes se encuentran en situaciones de sobreocupación de vivienda. Las autoridades solo pueden exigir a los ciudadanos y ciudadanas aquellas cosas para las cuáles se hayan creado anteriormente alternativas. Castilla- La Mancha tenía, desde Febrero del pasado año la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de garantías en el acceso a la vivienda en Castilla- La Mancha en la que se contemplaba, entre otras cuestiones, lo siguiente:
"La presente Ley desarrolla el principio constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada estableciendo una garantía de plazo para su efectividad. Para ello, fija un plazo máximo de un año desde que la persona demandante que cumple condiciones se inscribe en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla-La Mancha, de forma que si pasado ese plazo no se ha podido encontrar una solución, mediante la oferta de una vivienda con protección pública, pueda acudir al mercado libre de alquiler. En este supuesto, la Administración queda obligada a abonar los gastos por la diferencia de costes respecto de los de una vivienda protegida, hasta que se le pueda ofrecer una vivienda con protección pública". Lo paradójico es que si nos acercamos al órgano competente en la materia la respuesta sea que en Albacete no existen viviendas públicas de alquiler ni disponibilidad alguna de vivienda pública. Esta ley nos hacía más iguales al reconocer el acceso a la vivienda como un derecho y sin cumplir un año ha sido derogada por el gobierno de Mª Dolores de Cospedal dejando en mayor riesgo de exclusión a los/las castellano manchegos/as que se encuentran en situaciones de precariedad económica y por tanto en dificultad de vivir dignamente.
No entendemos que modificaciones de tal magnitud no vayan acompañadas de un informe técnico-jurídico en el que ampararse y exigimos que éste sea realizado con anterioridad a su aprobación en el pleno municipal y a su puesta en marcha en caso de que las medidas sean finalmente aprobadas.
Por último queremos también denunciar la incoherencia de afán recaudatorio que tiene esta medida pues se contemplan cuantiosas multas (de las que tampoco sabemos como se baremará la gravedad de la falta) que a buen seguro estas personas cada vez con menos recursos tendrán muchas dificultades para pagar o se verán incapaces de hacer frente a las mismas. Todo el aparato burocrático que se debe desplegar para hacer efectivas estas multas tiene un coste económico que en algunos casos no se cubrirá si las personas denunciadas no pueden hacer frente a la deuda. El afán recaudatorio de este ayuntamiento está claramente dirigido a recaer en las espaldas de quienes menos tienen, hecho que se constata con esta nueva normativa en la que se castiga ya no solo la sobreocupación de vivienda sino también en el ejercicio de la prostitución en la vía pública penalizando a las mujeres que se ven avocadas al trabajo sexual.
El nuevo equipo de gobierno está abriendo con sus iniciativas una brecha cada vez mayor entre los que más tienen y los que menos, sin relizar ningún trabajo que mejore estas problemáticas que solo pueden abordarse de forma multidimensional de manera real y efectiva y sumiendo cada vez a más familias y colectivos en el ostracismo más absoluto, en el límite del umbral de la vulnerabilidad social que abre la puerta a la exclusión.
Acerca del ofrecimiento y demanda de servicios sexuales en la vía pública
Respecto a la regulación del ofrecimiento y demanda se servicios sexuales en el espacio público el movimiento 15m es consciente de la realidad en la que se encuentran muchas mujeres que se ven obligadas a realizar trabajos sexuales ya sea por una situación económica sobrevenida o porque han sido engañadas por mafias, pero no podemos obviar tampoco que hay mujeres que realizan estos servicios de forma voluntaria.
La explotación sexual y la extorsión a mujeres (principalmente migrantes) no solo se produce en la calle sino que además se da de forma más acentuada en locales, casas de cita, pisos clandestinos, etc. ¿De que estamos hablando? ¿de que no exista la prostitución o de que ésta no sea visible? El prohibicionismo no hace más que favorecer a las mafias que se mueven en los negocios del sexo y hacer más invisible esta realidad social. Si la intención del ayuntamiento es acabar con las situaciones de explotación sexual creemos que este no es el camino. La nueva normativa criminaliza aún más a este colectivo, sin dar respuesta a sus necesidades. Se las aparta de los núcleos urbanos desplazándolas a zonas desprotegidas y totalmente carentes de servicios, actuaciones que atentan directamente contra la dignidad de las personas. Si alejamos a estas trabajadoras del núcleo urbano estaremos dificultando que las diferentes asociaciones y ONG's que trabajan con este colectivo puedan acceder a ellas y prestarles ayuda.
Como en las alegaciones presentadas en el ámbito de la sobreocupación de vivienda creemos que regulaciones de tal magnitud deben acompañarse de los recursos necesarios para hacer efectivo, en este caso, el compromiso que adquiriría el ayuntamiento en capítulo XIV "De la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales", art. 63 "Intervenciones específicas" compromiso en el que no se informa de que planes de prevención e intervención piensa llevar a cabo el nuevo equipo de gobierno para garantizar la reinserción de estas trabajadoras en la vida económica, social, política, cultural y laboral de Albacete.
El ayuntamiento debe disponer, en primer lugar, de los mecanismos necesarios para hacer efectivo su compromiso de prestar ayuda a estas personas y en ningún momento se les puede ayudar con sanciones económicas sino con alternativas reales, de ahí que pidamos que esta regulación no se lleve a cabo sin crear antes una red de ayuda que en ningún caso sancione a la trabajadora. Las instituciones generan exclusión social a través de sus políticas, planes y normativas al dejar parte de la población sin posibilidad de resolver necesidades básicas. Y las trabajadoras sexuales son un grupo que quedan fuera de la mayoría de políticas del estado.
Desde Stop desahucios Albacete- 15m- Albacete toma la calle creemos que es un ejercicio de salud democrática el que la autoridad solo pueda exigir aquello que está dispuesta a garantizar.
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